Comunicado a la opinión pública


El Alto Mando de la Policía Boliviana comunica a la opinión pública lo siguiente:

- En las últimas horas el Fiscal General del Estado ha realizado declaraciones políticas para cuestionar la labor conjunta que el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana realizan de manera cotidiana, esforzada y permanente para garantizar la seguridad interna en nuestro país.

- Estas aseveraciones tienen una correspondencia en acciones jurídicas de la Fiscalía que pretenden criminalizar la labor de la Policía Boliviana en los lamentables sucesos que derivaron en el secuestro, tortura y asesinato del viceministro de Régimen Interior y Policía, Dr. Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado.

- La Policía Boliviana rechaza la intención del Ministerio Público al pretender culpar a nuestra institución de la muerte del Viceministro Illanes.

- Asimismo, refutamos las insinuaciones del Fiscal General al pretender responsabilizarnos de la inseguridad ciudadana, cuando uno de los factores principales para esa situación es la liberación de delincuentes reincidentes, atribuible a una sospechosa negligencia en la investigación penal.

- La Policía Boliviana lamenta que la imputación formal de la Fiscalía en contra del ex comandante departamental de La Paz, coronel José Luis Aranibar Guzmán se concentre en acciones que inducen a una condena anticipada y dejen de lado la sanción a los verdaderos responsables de ese hecho de sangre: los autores del asesinato del Viceministro Illanes.

- Es lamentable que la imputación mencionada se base solamente en un informe subjetivo y carente de sustento probatorio presentado por el Defensor del Pueblo, quebrantando el principio de objetividad.

- Apoyada en el Código de Procedimiento Penal y la Ley del Ministerio Público, la Policía Boliviana rechaza categóricamente ese "informe" defensorial.

- Al hostigar judicialmente a la institución del orden, a través de la imputación en contra del Coronel Aranibar, la Fiscalía beneficia a los asesinos del Viceministro Illanes que avanzan en su pretensión de lograr la impunidad.

La Paz, 3 de febrero de 2017.

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